Abogado Ley 20.393 en Chile: Protege a tu Empresa de la Responsabilidad Penal

Por regla general no es obligatorio para todas las empresas, pero sí es la forma de acreditar que se cumplió con los deberes de dirección y supervisión. La Ley 20.393 hace responsable a la persona jurídica cuando el delito fue favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención (artículo 3). Algunos sujetos, como los obligados a informar a la UAF por la Ley 19.913, sí deben contar con sistemas de prevención propios. Conviene revisar su situación con una auditoría legal.

La Ley 20.393 abarca un catálogo de delitos por los que puede responder la persona jurídica, entre ellos lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación, corrupción entre privados, negociación incompatible, apropiación indebida y administración desleal. Ese catálogo se amplió con la Ley 21.595 sobre delitos económicos, por lo que conviene revisar el texto vigente antes de definir los riesgos. Por ejemplo, el delito de receptación puede darse en empresas que compran o comercializan mercadería de origen dudoso.

La empresa puede ser sancionada penalmente si el delito se cometió en su ámbito, la benefició y fue facilitado por la falta de un modelo de prevención efectivo (Ley 20.393, artículo 3). Las penas pueden incluir multa, comiso, prohibición de contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales y, en los casos más graves, la extinción o cancelación de la personalidad jurídica. Además, pueden perseguirse las responsabilidades penales de las personas naturales. Tener un modelo bien implementado no garantiza la exención, pero es el principal elemento de defensa de la empresa.

El modelo debe incluir, al menos, la identificación de las actividades o procesos con riesgo de delito, protocolos y procedimientos de prevención y detección con canales seguros de denuncia y sanciones internas, la asignación de uno o más responsables con independencia, facultades de supervisión y acceso directo a la administración, y evaluaciones periódicas por terceros (Ley 20.393, artículo 4). La certificación por una entidad autorizada es voluntaria. Un modelo que solo existe en papel no cumple. Si hay denuncias internas, puede sumarse la auditoría contable forense.

No hay un plazo fijo: depende del tamaño de la empresa, de la cantidad de procesos que deban analizarse y de cuánta documentación y controles existan hoy. Normalmente se parte con un diagnóstico de riesgos, luego se redactan políticas, protocolos y el canal de denuncias, y finalmente se capacita al personal y se designa al encargado de prevención. La implementación termina cuando el modelo funciona de forma efectiva, no cuando se firman los documentos, así que conviene definir etapas y responsables desde el comienzo.

El costo no es único, porque depende del tamaño de la empresa, del número de procesos y sucursales, del nivel de riesgo de su giro, de si ya cuenta con políticas o controles y de si se busca además una certificación por entidad autorizada. Por eso conviene pedir una propuesta escrita que detalle el diagnóstico, los documentos que se elaborarán, la capacitación y el seguimiento posterior. Una pyme puede adoptar un modelo proporcionado a su realidad, sin la estructura que tendría una gran empresa.

Sí, y la ley admite que el modelo se ajuste al tamaño, giro y complejidad de la empresa, de modo que una pyme no necesita la misma estructura que una gran compañía (Ley 20.393, artículo 4). Lo importante es que los riesgos estén identificados, que haya una persona responsable, que existan protocolos simples y un canal de denuncias, y que todo se aplique en la práctica. Si la empresa tiene trabajadores, también conviene coordinarlo con el compliance laboral.

El modelo certificado fue revisado por una entidad certificadora autorizada, que verifica que cumple los requisitos de la ley, mientras que el no certificado es un modelo propio que la empresa implementa por su cuenta. La certificación es voluntaria y no reemplaza la implementación efectiva, pero es un antecedente que sirve ante la fiscalía y los tribunales (Ley 20.393, artículo 4). En ambos casos es clave documentar la aplicación del modelo y revisar los riesgos de protección de datos personales.