Asesoría Legal en Vulneración de Derechos Fundamentales

La tutela laboral es el procedimiento judicial para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores cuando el empleador los vulnera en el ejercicio de sus facultades, como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la intimidad, la honra, la libertad de expresión o la no discriminación (artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo). También cubre las represalias por ejercer acciones ante la Inspección del Trabajo o los tribunales (garantía de indemnidad). Conozca el área en abogados de derecho del trabajo.

La denuncia de tutela debe presentarse dentro de sesenta días contados desde que se produjo la vulneración (artículo 486 del Código del Trabajo). Si se presenta un reclamo ante la Inspección del Trabajo, el plazo se suspende en la forma del artículo 168, pero en ningún caso se puede acudir al tribunal pasados noventa días hábiles desde la separación en caso de despido. Si la vulneración se manifiesta en el despido, el plazo se cuenta desde la separación. Guarde fechas, correos y mensajes que acrediten cada hecho.

Si el tribunal declara que el despido vulneró derechos fundamentales, ordena pagar la indemnización por años de servicio con su recargo legal, más una indemnización adicional de seis a once remuneraciones mensuales (artículo 489 del Código del Trabajo). Si el despido es discriminatorio y se califica de grave, el trabajador puede optar por la reincorporación. El monto exacto depende de la antigüedad, la remuneración y la decisión del juez, por lo que no hay cifras generales. Vea demanda por despido injustificado.

En la tutela laboral basta que el trabajador presente indicios suficientes de la vulneración, como correos, mensajes, testigos, cambios injustificados de funciones o antecedentes médicos, para que el empleador deba explicar los fundamentos de sus medidas y su proporcionalidad (artículo 493 del Código del Trabajo). Esta regla aligera la carga de la prueba, pero no la elimina. Conviene ordenar cronológicamente los hechos y conservar pruebas digitales con su fecha. Un abogado ayuda a seleccionar los indicios más sólidos.

El acoso laboral es una conducta específica, definida por la ley como toda agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores, una vez o de forma reiterada, que menoscabe, maltrate o humille al afectado o amenace o perjudique su situación laboral (artículo 2 del Código del Trabajo, modificado por la Ley 21.643). La tutela laboral es el procedimiento judicial para reclamar cuando se vulnera un derecho fundamental, y el acoso puede ser uno de los hechos que lo fundan. Vea acoso laboral y Ley Karin.

Sí, la tutela laboral permite demandar durante la relación laboral, pidiendo que cese la conducta, que se repare el daño y que se apliquen multas, sin necesidad de renunciar. En ese caso, el juez puede ordenar medidas de reparación. Si el empleador despide como represalia después de la denuncia, se agrega la protección de la garantía de indemnidad y el despido puede declararse vulneratorio (artículo 489). Si el empleador incumple gravemente, también puede considerarse el autodespido.

El juez puede ordenar el cese inmediato de la conducta vulneratoria, medidas de reparación, el pago de indemnizaciones y multas, y puede decretar medidas cautelares, como suspender los efectos del acto impugnado, cuando hay riesgo grave para el trabajador (artículos 492 y 495 del Código del Trabajo). La sentencia debe indicar las medidas concretas para reparar el daño. Si el despido discriminatorio se califica de grave, el trabajador puede optar por la reincorporación. El alcance depende de los hechos acreditados y del petitorio.

Sí, una empresa puede ser condenada por la vulneración de derechos fundamentales, con el pago de indemnizaciones y multas, y la sentencia debe indicar las medidas concretas de reparación (artículo 495 del Código del Trabajo). Una empresa se protege con políticas claras, protocolos de acoso, capacitación y trato documentado. Revisar el reglamento interno con una auditoría de reglamentos internos reduce el riesgo de reclamos y de efectos reputacionales.