Auditoria Contable y Representacion Judicial en Casos de Delitos Economicos

Son los que la Ley 21.595 incluye en su catálogo de delitos económicos, que se organiza en categorías según el tipo de delito y las circunstancias en que se comete. Según el caso, comprende figuras como la administración desleal, ciertas apropiaciones indebidas, cohecho, lavado de activos (Ley 19.913), delitos tributarios y otros fraudes cometidos en contexto empresarial. No todo fraude patrimonial es delito económico, porque depende de la conducta y de quién la realiza. Para fraudes comunes revise la página sobre estafa y defensa o querella.

Se prueba con documentos, registros contables, correos, cartolas bancarias, testigos y peritajes. En el proceso penal rige la libertad de prueba (artículo 295 del Código Procesal Penal) y el tribunal la valora conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia (artículo 297). El informe de peritos, como el pericial contable, está regulado en el artículo 314, y la contraparte puede presentar sus propios peritos. Una auditoría contable forense previa ayuda a ordenar y cuantificar la evidencia.

Sí. La empresa es víctima del delito que afecta su patrimonio y puede presentar querella como ofendida (artículos 108 y 111 del Código Procesal Penal), mientras el fiscal no haya cerrado la investigación (artículo 112). Además, la falta de probidad del trabajador puede justificar el término del contrato por el artículo 160 N° 1 letra a del Código del Trabajo. Conviene coordinar ambas vías y reunir antes la prueba, porque un despido mal fundado puede generar reclamos. Consulte con abogados laborales para empresas.

No existe una duración fija: depende de la complejidad de los hechos, del volumen de documentos y de las pericias necesarias. Una vez formalizada la investigación, el fiscal debe cerrarla dentro de dos años (artículo 247 del Código Procesal Penal), y el juez de garantía puede fijar un plazo menor si es necesario para resguardar las garantías de los intervinientes (artículo 234). Mientras no se formaliza, quien se sienta afectado puede pedir al juez que ordene informar sobre los hechos y fije plazo para formalizar (artículo 186). El querellante puede solicitar diligencias para impulsar el avance.

A veces es posible, pero no está garantizado: depende de si existen bienes del responsable que puedan afectarse y de la prueba del perjuicio. En el proceso penal el querellante puede solicitar medidas cautelares reales sobre bienes del imputado (artículo 157 del Código Procesal Penal), pedir la restitución de especies recuperadas (artículo 189) y demandar civilmente (artículo 59). Actuar rápido aumenta las opciones, porque los bienes pueden transferirse. Para evaluar la vía civil, revise la demanda de indemnización de perjuicios.

Es un examen técnico de los registros contables y financieros que busca detectar, cuantificar y documentar irregularidades de manera que puedan usarse como respaldo en una denuncia o en un juicio. Conviene antes de presentar una querella, cuando se sospecha de un fraude interno o cuando hay diferencias que no se explican. No reemplaza al peritaje judicial, que se rinde en el proceso conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal, pero sí ordena los antecedentes y facilita la decisión sobre qué acciones tomar.

Puede responder cuando se cometen ciertos delitos del catálogo legal en su beneficio y se acredita que incumplió sus deberes de dirección y supervisión, conforme a la Ley 20.393, modificada por la Ley 21.595. Las sanciones se aplican a la persona jurídica y no reemplazan la responsabilidad de quien cometió el delito. Contar con un modelo de prevención adecuadamente implementado es relevante para acreditar el cumplimiento de esos deberes. Conozca los alcances del modelo de prevención de delitos de la Ley 20.393.

Lo primero es preservar la evidencia: resguardar documentos, correos y accesos a sistemas, sin avisar al posible responsable y sin alterar registros. Luego conviene limitar su acceso a información sensible, ordenar una revisión contable y evaluar con un abogado si corresponde denunciar o querellarse y qué hacer con el vínculo laboral. Recuerde que la acción penal prescribe según la pena del delito (artículo 94 del Código Penal). Para estructurar la estrategia puede apoyarse en abogados penalistas para empresas.