Abogado de Delitos Informáticos en Chile: Defensa y Denuncia ante el Cibercrimen

Los regula la Ley 21.459, de 2022, que derogó la Ley 19.223 y adecuó la legislación al Convenio de Budapest. Tipifica el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático y el abuso de dispositivos. La protección de los datos personales tiene un régimen distinto: la Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Revise la información sobre protección de datos personales.

Sí. La denuncia puede presentarse contra una persona desconocida ante Carabineros, la PDI o el Ministerio Público (artículo 173 del Código Procesal Penal), y la investigación se orienta justamente a identificar al autor. Lleve capturas de pantalla, correos con sus encabezados, comprobantes de transferencias, direcciones de sitios o perfiles y cualquier registro del acceso no autorizado. Si quiere participar activamente del proceso, puede presentar querella con el apoyo de un abogado querellante.

Avise de inmediato al banco o emisor de la tarjeta y solicite el bloqueo, porque la Ley 20.009 regula el aviso, el bloqueo y el reclamo por operaciones no autorizadas. Luego conserve toda la evidencia (mensajes, enlaces, comprobantes) y presente una denuncia penal, ya que estos hechos pueden constituir fraude informático (artículo 7 de la Ley 21.459). Los plazos de reclamo al emisor son breves, de modo que actúe cuanto antes. Si el banco no responde, evalúe una demanda de indemnización de perjuicios.

Sí. El Código Penal sanciona captar, grabar o fotografiar imágenes o hechos de carácter privado en recintos particulares o lugares no abiertos al público sin autorización del afectado, y también difundir lo así obtenido (artículo 161-A). Si la víctima es menor de edad, pueden aplicarse además figuras más graves. Para actuar, guarde capturas con fecha, enlaces y nombres de perfiles, y denuncie cuanto antes, porque se pueden solicitar medidas para retirar el contenido. Si la víctima es una mujer, revise también la información sobre delitos contra la mujer.

No hay un plazo especial para denunciar, pero la acción penal prescribe según la gravedad del delito: cinco años para los simples delitos, diez para los crímenes y seis meses para las faltas, contados desde la comisión (artículos 94 y 95 del Código Penal). La querella puede presentarse mientras el fiscal no cierre la investigación (artículo 112 del Código Procesal Penal). En la práctica conviene denunciar de inmediato, porque los registros digitales, como los accesos y las conexiones, pueden perderse con el tiempo.

No borre nada y no formatee ni repare el dispositivo afectado. Haga capturas de pantalla que muestren fecha, hora y dirección, conserve los correos completos con sus encabezados, respalde archivos y registre cada hecho en orden cronológico. El Ministerio Público puede pedir a los proveedores de servicios que conserven datos por 90 días, prorrogables una vez, sin autorización judicial previa; para su entrega sí se requiere autorización judicial (artículo 218 bis del Código Procesal Penal). En juicio la evidencia suele acreditarse con peritaje informático (artículo 314), por eso conviene asesorarse antes de intervenir los equipos.

Se abre una investigación en que usted tiene derecho a defensa desde el primer acto. En el acceso ilícito, por ejemplo, la ley exige acceder sin autorización o excediendo la que se posee y superando barreras técnicas de seguridad (artículo 2 de la Ley 21.459), por lo que la defensa suele analizar si existió autorización, quién usó realmente el equipo y cómo se obtuvieron los registros. No entregue explicaciones sin asesoría. Conozca el trabajo de los abogados penalistas particulares.

El fraude informático sanciona a quien, para obtener un beneficio económico, manipula un sistema informático o sus datos y causa perjuicio a otro (artículo 7 de la Ley 21.459), sin que sea necesario engañar a una persona. La estafa, en cambio, exige engaño a una persona que, por error, realiza una disposición patrimonial (artículo 468 del Código Penal). Por eso un fraude con tarjetas o transferencias no autorizadas suele calificarse como fraude informático. Revise más información sobre el delito de estafa.