Abogado de Responsabilidad Civil Extracontractual en Chile: Reclamamos el Daño que Sufriste

La acción prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del acto que causó el daño (artículo 2332 del Código Civil). Hay situaciones con reglas especiales, como los accidentes del trabajo y las demandas contra el Estado, donde la jurisprudencia ha discutido el plazo aplicable. Por eso conviene contar el plazo desde el día del hecho y no esperar a que se cierren otros procesos. Si el daño proviene de una enfermedad o accidente laboral, revise los servicios de enfermedad profesional y Ley 16.744.

Debe probar el daño sufrido, la culpa o el dolo del responsable y la relación de causalidad entre su conducta y el daño (artículos 2314 y 2329 del Código Civil). Sirven los documentos, fotografías, informes médicos o periciales, testigos y registros policiales o de la autoridad. Quien reclama debe acreditar los hechos que invoca (artículo 1698). Reúna esos antecedentes desde el inicio y guarde los comprobantes de gastos. Para estimar y reclamar el perjuicio completo, vea la demanda de indemnización de perjuicios.

Puede reclamar el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, siempre que los pueda probar. El daño emergente es lo que perdió o gastó, el lucro cesante lo que dejó de ganar y el daño moral el sufrimiento o la afectación personal. No existe una tabla fija de montos: los fija el juez según la prueba y las circunstancias de cada caso. Por eso no es posible anticipar una cifra sin conocer los antecedentes. Para evaluar su caso, parta por la asesoría legal civil.

No hay un plazo ni un costo único. La duración depende del procedimiento, de cuánta prueba haya que rendir, como pericias médicas o de tránsito, y de la carga del tribunal. En el costo influyen los honorarios, que se pactan por escrito, los peritajes y las costas que el tribunal pueda imponer a quien pierde (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil). Algunos casos, como los accidentes de tránsito, se tramitan en otro tribunal. Consulte la competencia de un Juzgado de Policía Local.

Sí, la acción civil por los daños y la acción penal son independientes. La víctima puede demandar civilmente al imputado dentro del proceso penal o presentar la demanda ante el tribunal civil, pero una vez admitida en el proceso penal ya no puede volver al civil. Las demandas contra otras personas, como terceros civilmente responsables, van ante el tribunal civil (artículo 59 del Código Procesal Penal). La sentencia penal no reemplaza la indemnización civil, que debe pedirse y probarse. Si el hecho es un delito, evalúe un abogado querellante penal.

Además del autor, pueden responder terceros: los padres por los hechos de sus hijos menores que habiten con ellos, y los empleadores por los hechos de sus dependientes cuando pudieron evitarlos con la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere (artículos 2320 y 2322 del Código Civil). Las personas jurídicas responden por las actuaciones de quienes las dirigen y de sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. Quien lo alega debe acreditar el vínculo. Identificar bien a todos los posibles responsables ayuda a que la indemnización pueda cobrarse. Si el problema nace de un contrato, vea el incumplimiento de contrato.

La contractual nace del incumplimiento de un contrato, mientras que la extracontractual nace de un daño causado a otra persona sin que exista un vínculo contractual previo, por delito o cuasidelito (artículo 2314 del Código Civil). Cambian la fuente de la obligación, las reglas de prueba y los plazos de prescripción. Un mismo hecho puede dar origen a una u otra según haya o no contrato entre las partes. Definir bien cuál corresponde es clave para elegir la acción y el tribunal. Revisar los documentos del caso es el primer paso.

Si el responsable tiene un seguro de responsabilidad civil, el asegurador puede responder hasta el monto de la cobertura y según los términos de la póliza, por lo que conviene revisar sus condiciones. Si no tiene seguro ni bienes, la sentencia puede dejar un crédito difícil de cobrar, aunque se pueden investigar bienes y embargar los que existan. Los bienes inembargables fijados por la ley quedan fuera (artículo 445 del Código de Procedimiento Civil). Antes de demandar, evalúe quién responde y con qué patrimonio, para decidir la mejor vía de cobro.