Incumplimiento de Contratos: Soluciones Legales Efectivas

Si el contrato es bilateral, puede pedir a su elección el cumplimiento forzado o la resolución del contrato, y en ambos casos la indemnización de perjuicios (artículo 1489 del Código Civil). Antes de demandar conviene reunir el contrato, los pagos y las comunicaciones, y enviar una carta formal que fije un plazo para cumplir. Esa gestión ordena la prueba y, según el caso, ayuda a constituir en mora al deudor (artículo 1551). Si lo adeudado es una suma de dinero con título ejecutivo, evalúe un juicio de cobranza.

Sí, en los contratos bilaterales el contratante cumplidor puede pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios (artículo 1489 del Código Civil). La indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante (artículo 1556), pero debe probarse el perjuicio y que se deriva directamente del incumplimiento. No es lo mismo resolver que exigir el cumplimiento: la elección depende de si aún le sirve la prestación prometida. Para estimar y reclamar esos daños puede revisar los servicios de demanda de indemnización de perjuicios.

Por regla general, la acción ejecutiva prescribe en tres años y la ordinaria en cinco, contados desde que la obligación se hizo exigible (artículos 2514 y 2515 del Código Civil). Algunos títulos y contratos tienen plazos especiales más breves, y la prescripción se puede interrumpir con una demanda notificada. Como el plazo depende de la obligación y del título que tenga, revise las fechas cuanto antes. Si cuenta con un pagaré, una factura u otro documento que presta mérito ejecutivo, vea cómo funciona el juicio ejecutivo.

Lo principal es el contrato firmado y sus anexos, junto con la prueba del incumplimiento: comprobantes de pago, facturas, correos, mensajes y cualquier carta o requerimiento enviado a la contraparte. También sirven cotizaciones, órdenes de compra, actas de entrega y antecedentes que muestren el perjuicio, como presupuestos o cobros de terceros. Los documentos que se acompañan al tribunal deben ser legibles y completos. Para que un próximo acuerdo no deje dudas, los servicios de redacción de contratos ayudan a fijar bien las obligaciones y los plazos.

Sí, muchos contratos son válidos aunque sean verbales, pero probarlos es más difícil. La ley exige que consten por escrito los actos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias, y en esos casos no se admite la prueba de testigos para acreditarlos o modificarlos (artículos 1708 y 1709 del Código Civil). Aun así, los mensajes, transferencias y correos pueden servir como antecedentes. Si su negocio es mercantil, revise las reglas de contratos mercantiles y comerciales.

No hay un plazo ni un costo único: dependen del procedimiento, de si la contraparte se opone, de la prueba que haya que rendir y de la carga del tribunal. Un cobro con título ejecutivo suele avanzar más rápido que un juicio ordinario donde se discute si hubo incumplimiento. En el costo influyen los honorarios, que se pactan por escrito, los gastos de notificación y peritajes, y las costas que el tribunal puede imponer a quien pierde (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil). Solicite un presupuesto desglosado antes de decidir.

Pedir el cumplimiento busca que el deudor ejecute lo prometido, mientras que la resolución deja sin efecto el contrato y obliga a restituir lo recibido, en ambos casos con indemnización si corresponde (artículo 1489 del Código Civil). Conviene el cumplimiento cuando aún le sirve la prestación, y la resolución cuando ya perdió interés o confianza en la contraparte. Elegir mal puede alargar el juicio. Si el daño no nace de un contrato, sino de un hecho que lo perjudicó sin vínculo previo, revise la responsabilidad civil extracontractual.

Sí, se pueden solicitar medidas precautorias para asegurar el resultado del juicio, como el secuestro, la retención de bienes determinados o la prohibición de celebrar actos y contratos sobre ellos (artículo 290 del Código de Procedimiento Civil). Para decretarlas el tribunal exige antecedentes que den presunción grave del derecho que se reclama y puede pedir una garantía al solicitante. También pueden pedirse antes de presentar la demanda, con las exigencias de la ley. Conviene evaluarlas desde el inicio, porque evitan que el deudor transfiera o oculte sus bienes mientras avanza el caso.