Abogado de Violencia Intrafamiliar en Chile: Protección, Defensa y Representación

Es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente del ofensor, sea pariente por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado en la línea colateral y en toda la línea recta, o sea padre o madre de un hijo en común (artículo 5 de la Ley 20.066). También se aplica cuando la víctima es menor, adulto mayor o persona con discapacidad bajo el cuidado del agresor. Si se trata de una separación, revise el área de derecho de familia y divorcio.

Se puede denunciar en Carabineros, la PDI, el Ministerio Público o los tribunales, conforme a la Ley 20.066 y la Ley 19.968. La denuncia puede hacerla la propia víctima u otra persona que conozca los hechos. En situaciones de riesgo, los tribunales pueden decretar medidas de protección de forma inmediata. Si el hecho constituye delito, la acción penal prescribe según su gravedad (artículo 94 del Código Penal). Para acciones especiales sobre mujeres, hay información en la página sobre delitos contra la mujer.

Los hechos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito se conocen en el juzgado de familia (Ley 19.968), mientras que los que sí lo son, como lesiones, amenazas o maltrato habitual (artículo 14 de la Ley 20.066), se investigan por la Fiscalía y se juzgan en sede penal. Ambas vías pueden convivir: la justicia penal busca sancionar y la de familia, proteger. Un abogado puede definir cuál conviene usar en su caso; revise el rol del abogado querellante y defensor.

El tribunal puede ordenar la prohibición de acercamiento a la víctima, la salida del hogar común del agresor, la prohibición de porte y tenencia de armas, la restitución de efectos personales y la fijación de alimentos y cuidado personal provisorios (artículo 92 de la Ley 19.968 y artículo 7 de la Ley 20.066). Pueden decretarse con urgencia y antes del juicio. La duración y el alcance dependen del riesgo y de lo que resuelva el tribunal. Para el tema económico, vea la sección sobre pensión de alimentos.

El imputado tiene derecho a defensa y a contestar los cargos con pruebas. En familia, la sanción por hechos que no son delito es una multa, y el tribunal puede imponer medidas accesorias como la prohibición de acercamiento o la asistencia a programas (artículos 8 y 9 de la Ley 20.066). En lo penal, las consecuencias dependen del delito y existen salidas alternativas. Las medidas cautelares pueden decretarse antes de la sentencia, así que conviene actuar rápido con asesoría de abogados penalistas particulares.

El incumplimiento de medidas cautelares o de una sentencia en materia de violencia intrafamiliar tiene sanciones específicas (artículo 10 de la Ley 20.066) y el tribunal puede remitir los antecedentes al Ministerio Público. Quien las incumple puede enfrentar apremios y el endurecimiento de las medidas. Si usted es la víctima, denuncie cada incumplimiento a Carabineros y guarde la prueba, como mensajes o testigos. Si es el imputado, conviene que un abogado evalúe de inmediato su situación para evitar consecuencias mayores.

Es un antecedente relevante: al decidir el cuidado personal, el juez debe atender al interés superior del niño y a los criterios del artículo 225-2 del Código Civil, como la aptitud de los padres para garantizar su bienestar, los informes periciales y cualquier otro antecedente relevante, lo que puede incluir hechos de violencia. Puede dar lugar a restricciones o supervisión en el régimen de visitas, pero no extingue automáticamente el vínculo del hijo con ambos padres. Cada caso depende de la prueba y del riesgo. Revise la información sobre cuidado personal de los hijos.

El valor depende de si se actúa como víctima o imputado, de la vía (familia o penal), de la urgencia, del número de audiencias y de si hay recursos. Pida siempre un presupuesto por escrito. Quienes no pueden pagar pueden acudir a los Centros de la Mujer del SernamEG, a las Corporaciones de Asistencia Judicial en caso de ser víctimas, o a la Defensoría Penal Pública si son imputados. En situaciones de riesgo no espere: las medidas de protección pueden solicitarse desde la denuncia.