Asesoría Legal para Empresas y Personas Naturales en Derecho Comercial

Asesora a empresas y personas en la creación y modificación de sociedades, la redacción y revisión de contratos, los pactos de accionistas, la cobranza de facturas, el registro de marcas, las operaciones de financiamiento y los procesos de insolvencia, entre otras materias. Su trabajo es preventivo, porque evita contingencias, y también contencioso, cuando representa a la empresa en juicios o arbitrajes. Para conocer ejemplos de documentos, vea la página de contratos mercantiles y comerciales.

Depende del número de socios, del grado de flexibilidad que busque, de cómo quiera repartir las utilidades y de la tributación. Las opciones habituales son la sociedad por acciones o SpA, que admite uno o más accionistas y estatutos flexibles (artículo 424 y siguientes del Código de Comercio), la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 3.918), la anónima (Ley 18.046) y la empresa individual de responsabilidad limitada (Ley 19.857). Antes de decidir conviene analizar riesgos y proyecciones. Vea la guía de constitución de empresas.

La SpA puede tener uno o más accionistas y sus estatutos regulan con libertad la administración, las clases de acciones y el traspaso, con responsabilidad limitada al aporte. La sociedad limitada exige al menos dos socios y un máximo de cincuenta (Ley 3.918), y la cesión de derechos suele requerir modificar la escritura social, lo que la hace más rígida. La elección también depende de si habrá inversionistas externos, por lo que hay que ver el plan de crecimiento y los efectos tributarios de cada alternativa.

Primero verifique que la factura tenga mérito ejecutivo según la Ley 19.983: debe acreditarse su recepción, mediante el recibo en la copia cedible o el acuse de recibo, y el deudor puede reclamar su contenido dentro de ocho días corridos desde la recepción. Con una factura que lo cumpla se puede demandar en juicio ejecutivo; las acciones ejecutivas prescriben en plazos breves, por lo que conviene actuar rápido. Antes puede enviarse una carta de cobranza. Conozca más sobre el juicio ejecutivo.

Sirven para regular, más allá de los estatutos, cómo se toman decisiones y qué ocurre con las acciones: mayorías especiales, derechos de preferencia, restricciones a la venta, obligaciones de salida conjunta o resolución de conflictos entre socios. En las sociedades anónimas, los pactos sobre cesión de acciones deben depositarse en la sociedad para ser oponibles a terceros (artículo 14 bis de la Ley 18.046). En la SpA, los estatutos admiten gran libertad. Un buen pacto previene disputas futuras entre socios.

Se protege registrándola en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), conforme a la Ley 19.039. El registro vigente dura diez años y es renovable (artículo 24), y conviene revisar antes si existen marcas similares, porque pueden oponerse y rechazar la solicitud. Sin registro, el derecho es mucho más débil. Debe definirse la clase en que se solicita según los productos o servicios que identificará. Revise el proceso en la página de registro de marca en el INPI.

La Ley 20.720 regula los procedimientos para la empresa deudora: la reorganización, que permite renegociar con los acreedores para continuar operando, y la liquidación, que vende los bienes para pagar las deudas. Los acreedores también pueden solicitar la liquidación cuando se cumplen ciertos supuestos legales. Es clave no seguir endeudándose ni favorecer a unos acreedores sobre otros, y consultar a tiempo, porque los plazos y las responsabilidades de los administradores dependen del momento. Vea el apartado sobre la Ley 20.720 de insolvencia.

No existe un valor único: depende del tipo de servicio, su complejidad, la urgencia y si se contrata por proyecto, por hora o mediante un plan mensual. Pida un presupuesto por escrito que indique qué incluye y qué gastos son aparte, como derechos notariales, inscripciones o tasas del INAPI. Servicios como una revisión de una empresa antes de comprarla requieren más trabajo que redactar un contrato simple. Un ejemplo es la debida diligencia comercial.